Waili Tatiana Gamboa
Martínez.
Para 1976-1977, las relaciones entre los gremios y el
poder político se iban deteriorando en forma considerable, pues si bien las
élites económicas estaban de acuerdo con el liberalismo, no respaldaban la
orientación neoliberal del gobierno de Alfonso López Michelsen.[1]
Con la posesión de Julio César Turbay parece establecerse
un clima más sereno, pues el nuevo gobierno toma medidas que responden con los
deseos de las asociaciones como el alivio fiscal y el restablecimiento de los
subsidios de exportaciones. Sin embargo, para 1980 se advierte de una recesión
e inflación. Las asociaciones patronales no se conformaron entonces con solo
hacer una crítica a la mala política económica, sino que criticaron en conjunto
la acción gubernamental.
Gracias al alza de los precios del Café todavía
satisfactorios en 1978 y 1979 y los ingresos producidos por el comercio de coca
y marihuana permitió que Colombia, a deferencia de América Latina no tuviese
una gran deuda externa. Sin embargo, para 1981 tanto la sobrevaluación del peso
como la recesión mundial provocó una disminución en las exportaciones de
algodón, textiles y azúcar.[2] Los productores eran los
directamente afectados de la situación del mercado.
Las instituciones financieras internacionales eran
optimistas con la idea de que a largo plazo, hacia 1987, con la explotación de
minas de níquel de Cerro Matoso y con los inmensos yacimientos de Carbón del
Cerrejón la balanza comercial se reequilibraría.[3]
Para las asociaciones patronales la recesión era culpa
de la política monetaria del gobierno. Aunque el gobierno tomó medidas la
inflación no disminuyó, la política monetaria no lo es todo, pues “en el caso de la industria muchos otros
factores están en juego”.[4]
Los grupos financieros se apoderan de las empresas
industriales, pero la rentabilidad va cayendo. Para Peacut, “el capitalismo colombiano cambia de rostro”[5],
pues mientras se hunde la economía oficial, la economía paralela ocupa un
lugar creciente.[6]
El gobierno de Turbay dar un fuerte impulso a la
inversión pública y bajo el nombre de Plan de Integración Nacional (PIN) lanzó
un programa para modernizar la red de transportes y comunicaciones.
En febrero de 1981, la ANDI, la Federación de
Industrias Metalúrgicas (Fedemetal), la Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol), Fenalco y la ANIF crean un frente gremial para criticar al PIN que
implicaría una “restricción de la actividad privada” y el alza de las tasas de
interés.[7]
Este frente gremial acusa al Estado de permitir que
las economías clandestinas crezcan, y le otorga toda la responsabilidad por la
corrupción de las costumbres políticas y económicas. Al denunciar la
degradación de la autoridad política las asociaciones patronales se esfuerzan
por no sufrir el descrédito que mancha la “nueva burguesía”.[8]
Obligado por la constitución a realizar un gobierno de
coalición, Turbay supo obtener un amplio apoyo de estos partidos tradicionales,
sin embargo, el malestar político persistía y varios sectores denunciaban el
desgaste de los mecanismos democráticos, los golpes a las libertades y al orden
jurídico, así como la intervención de las Fuerzas Armadas en los debates políticos
han suscitado un deterioro de la situación política[9] que sumado al clientelismo
que incrementaba el escepticismo de las masas hacia los gobernantes.
Lo llamado por Pecaut “golpes al orden jurídico” como
lo son los Estados de Sitio, el Estatuto de Seguridad que adoptó el gobierno en
1978, o sacar del olvido un artículo de la Constitución que permite retener por
diez días a cualquier persona sospechosa de alterar el orden permitieron un
desmande de la fuerza pública que afectó a los DD.HH y a una amplia población
de oposición.
Las FARC, cercano al partido comunista surgió
aproximadamente en 1949. El ELN se formó en 1965 inspirado en le revolución
Cubana. El EPL, con tendencia maoísta es de las últimas en aparecer. La
existencia de la guerrilla entonces ya tenía
30 años, sin embargo no tenían mucha influencia en la vida política, pues aún
tenían un carácter local y aislado.[10]
Los años 1978 y 1980 aparecen nuevos grupos como
pequeños grupos terroristas que asesinaban y secuestraban como el movimiento de
Autodefensa Obrera (MAO), y surge el M-19 que origina una nuevo tipo de acción
armada[11] pero no cierra las
puertas a la opción de convertirse en un partido político en caso de que se
produjera una apertura política.
Para 1981 hay intensos enfrentamientos en el Caqueta
con participación de las FARC y el M-19 que producen muertes tanto en
guerrilleros como en militares. Otras regiones, como Cauca, Huila y el golfo de
Urabá “toman el aire de zonas de guerra”,
pues en Caqueta había 7000 soldados.[12]
A pesar de este
ambiente de guerra, el gobierno en 1980 mostró su disposición para darle
amnistía a los guerrilleros. La amnistía obligaba a los guerrilleros dentro de
los cuatro meses siguientes de manera individual o colectiva a las autoridades,
sin embargo, la ley no tuvo acogida por los guerrilleros.
Personalidades como el general Matallana, el ex
presidente Darío Echandía, el ex ministro Alfredo Vázquez Carrizosa y Luis
Carlos Galán piden que se empiecen conversaciones con la guerrillera. El M-19
muestra su disposición de hablar, caundo haya una ley de amnistía, cuando se
elimine el Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad.
La Comisión
Nacional para la paz presidida por Carlos Lleras Restrepo elabora un
nuevo proyecto de amnistía donde se le da a los guerrilleros un plazo de dos
meses para que los guerrilleros se acojan a la amnistía donde consideraban que
el M-19 pudiese convertirse en un movimiento político legal.
En cuanto a la diplomacia, Daniel Pecaut cuenta que
durante la administración de López Michelsen se deseaba que la diplomacia
colombiana se afirmara más, especialmente con países ideológicamente cercanos.[13] Esto provocó una
solidaridad con la diplomacia norteamericana separando a Colombia del resto de
América Latina.
Las elecciones presidenciales del 30 de Mayo de 1982
atrajeron a aproximadamente el 50% del cuerpo electoral. Los partidos
tradicionales canalizaron casi la totalidad de los votos, mientras que la
izquierda solo recibió un 1.2% de los votos. Dada la división del partido liberal,
el candidato conservador Belisario Betancur ganó.
Estas elecciones, son la prueba de que los partidos de
izquierda no logran canalizar el malestar político. El movimiento Firmes, que
agrupaba los sectores de oposición pero sin dogmatismos de la extrema izquierda
sufre una fuerte caída.[14]
La oposición de izquierda se expresa más claramente en
a través de organizaciones sindicales. Si bien hubo una gran cantidad de
huelgas en 1978 y 1980 no se comparan con las de 1977, pues el desempleo, la
leve recuperación de los salarios y el Estatuto de Seguridad lograron
frenarlos.[15]
La violencia, acompañada del auge de la economía
clandestina, la corrupción política, terrorismo político y militar es el
panorama Colombiano cuando Belisario Betancur llega a la presidencia. La
bandera de la paz, fue una apuesta política en las elecciones presidenciales.
Las amnistías habían fallado porque no habían estado
acompañadas de una modificación del clima político, por eso, cuando Belisario
habla de un “movimiento nacional” mostraba su voluntad de reconsiderar el
monopolio de los partidos tradicionales.[16]
La supresión del Estatuto de Seguridad y el
levantamiento del Estado de Sitio y la preparación de una nueva ley de amnistía
generosa es un guiño a las exigencias del M-19. Esta ley de amnistía además
tuvo participación amplia, pues incluyó las opiniones del Partido Comunista y
el mismo M-19 participó en las discusiones de dicha ley.
A pesar de la amnistía, la violencia no cesaba. El
clima político cambió, pero las tensiones sociales continuaban a causa de una
política de rigor económico que no garantiza que la economía suba pero sí que
el descontento social se incremente.
Bibliografía:
PECAUT, Daniel. Crónica
de dos décadas de política Colombiana 1968-1988. Siglo veintiuno editores.
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