Waili Tatiana Gamboa Martínez.
La vinculación que ha existido a lo largo de la historia entre los órganos de poder y las clases dominantes con la información, no es un secreto. Sin embrago, se supone que los archivos en una sociedad democrática están al servicio del pueblo. Los documentos que se han conservado, cuando abarcan a toda la sociedad, y son accesibles para todos, constituyen un fundamento irreemplazable para un gobierno.
Los archivistas, han expresado, durante muchos años, su preocupación por el destino de los archivos que testimonian la violación de los derechos humanos, uniendo su voz a la de la sociedad civil, pues es claro, que “sin documentos de archivo no puede haber exigencia de responsabilidades o ésta solo puede ser muy limitada”.[1]
Pero primero es importante entrar a definir lo que son los archivos de derechos humanos y memoria histórica, estos, se pueden definir como “los rastros y huellas de la historia que contribuyen a conocer y comprender las realidades, actores e impactos de las violencias propias del conflicto armado, y que permiten reconstruir las respuestas sociales, políticas e institucionales para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”[2]. Estos rastros y estas huellas son documentos de diferente soporte, es decir, pueden ser, entre otros, registros escritos, sonoros, audiovisuales, fotográficos, orales o gráficos.
La preservación de los documentos es esencial para garantizar las reparaciones y para asegurar que la memoria colectiva perdure, además los archivos son garantes de la protección de los DD.HH, un elemento clave para abrir la vía al trabajo interdisciplinar con los archivos, trabajo en el que el archivero no puede ser el único intérprete.[3]
En un esfuerzo de síntesis podríamos clasificar estos encuentros o iniciativas en tres grupos diferentes: “1) archivos e investigación, 2) archivos y memoria colectiva y 3) archivos, depuración de responsabilidades y compensación a las víctimas”[4]. En el primer grupo definido se situarían los encuentros de los historiadores e investigadores en general, preocupados por el acceso a las fuentes para el estudio de la historia reciente. El segundo grupo lo forman los encuentros sobre la memoria colectiva, el derecho a la verdad, y el deber de recordar. En estos encuentros se ha reflexionado ampliamente sobre el papel de los archivos en ese intento de construir acervos para la memoria colectiva. Interesa, desde esta perspectiva, ver cómo los documentos pueden ayudar a que no se olviden las víctimas. Todo esto, con el fin de que todo esto no se vuelva a repetir. En el tercer grupo de encuentros situamos los eminentemente dedicados al tema de los archivos como medio para el ejercicio de los derechos reconocidos a las víctimas de la represión en el proceso de transición política y como instrumentos de información preferente para la depuración de responsabilidades por la violación de los derechos humanos.[5]
En Principios para la Protección y la Promoción de Derechos Humanos para combatir la Impunidadde 1997 de L. Joinet se proclama, como derecho colectivo, el "Derecho a saber", entendiendo por tal no sólo como el derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a conocer lo que ocurrió con ellas, que sería el simple derecho a la verdad, sino que, además, el "derecho a saber" es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Implica tanto el derecho inalienable a la verdad y el "deber de recordar".
Los archivos, entonces, tienen una fuerte relación con el derecho a la información pues su valor va más allá de su propio contenido y se convierte en instrumento imprescindible para el ejercicio de otros derechos. En el contexto de la memoria histórica, la información es necesaria para el ejercicio del derecho individual y colectivo a la verdad, para el derecho a la justicia y para el derecho a la reparación. Si no tenemos información sobre hechos y responsables de esos hechos, se hace imposible articular una reclamación de estos derechos. Por otro lado, el derecho a la información es un pilar básico de la democracia porque el Estado está obligado a dar publicidad de su actividad, la transparencia debe regir los procedimientos administrativos y las actuaciones del gobierno.
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, por medio del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, ha propuesto algunos lineamientos que comprometen a los Estados a que el tránsito hacia la democracia o hacia la superación de los conflictos armados no signifique impunidad y olvido. Esto supone que las sociedades tengan los mecanismos para recordar y conocer a profundidad lo que ocurrió para que las generaciones presentes y futuras no repitan la historia de violencia y violación de los derechos humanos.[6] Para esto, también deben saber enfrentarse a los principales obstáculos que encuentran los archivos en relación con la memoria histórica como “Destrucción intencionada, documentos que no se desclasifican, considerados secretos oficiales por razones de seguridad nacional, falsificación de datos, discrecionalidad en el acceso a documentos”.[7]
Queda claro el imprescindible papel que tienen los archivos para proteger los derechos ciudadanos y preservar la memoria histórica de un país, en especial, en países como Colombia donde se atraviesa por un fuerte conflicto interno y donde hoy, se busca la reparación a las víctimas a partir de la memoria.
El conflicto armado en Colombia generó una alarmante crisis humanitaria una oleada de atentados violentos, como asesinatos selectivos, desplazamientos, desapariciones y secuestros entre otros, afectaron a la población.
Dicha situación impulsó a la sociedad civil a intervenir en la conformación y organización de estrategias para la protección de la integridad de la vida, generándose así una experiencia singular de iniciativa ciudadana, que permitió la reconstrucción de escenarios de resistencia pacífica en medio de la guerra a través de eventos como marchas, asambleas, encuentros y programas locales, encaminados a la búsqueda de la reconciliación y el perdón.
Es importante resaltar el objetivo esencial de los archivos mencionado en el artículo 4 de la ley general de archivos menciona que se debe disponer la documentación organizada, de forma que la información sea recuperable para la administración, al servicio del ciudadano y como fuente de la historia.
Lastimosamente en muchas regiones del país, en especial, los más golpeados por el conflicto los documentos se encontraron desordenados y en mal estado. Sin embargo, se ha orientado a rescatar la memoria documentada y a promover la organización, conservación y consulta de los archivos públicos y privados de interés económico, social y cultural.
Entre los archivos organizados, se hallaron los de tipo notarial, histórico, fotográfico y archivos de Derechos Humanos; como en el caso de las Asociaciones de víctimas del conflicto armado en las que confluyen una serie de testimonios y documentos que dan cuenta de graves violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, ejercidas a través de acciones violentas sobre los habitantes de esta zona. De este modo, hechos victimizantes como el homicidio, el secuestro, el desplazamiento y la desaparición forzada entre otros, fueron conformando a través de testimonios, fotografías y documentos, un conjunto de elementos probatorios que dieron forma a los expedientes objeto de investigación en los procesos de reparación, acceso a la verdad, la justicia y la no repetición, además de la construcción de la memoria histórica.
Estos documentos pueden tener distintos orígenes, es decir, pueden ser producidos o recopilados por actores de muy distinta naturaleza, desde el propio Estado hasta las organizaciones sociales que han asumido la tarea de denunciar o hacerle seguimiento a las violaciones a los derechos humanos. Para el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos estos documentos“resultan esenciales para el ejercicio de los derechos, tanto de las víctimas directamente afectadas por la violencia de los regímenes represivos o de los conflictos armados, como para la sociedad en general”[8].
La recopilación de testimonios de las víctimas, de fotografías, de informes de algunas entidades públicas que conocieron los hechos, así como de declaraciones de los propios victimarios ha sido esencial para hacer visible, no solo los hechos, sino también para que sean juzgados quienes han planificado, consentido o ejecutado las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH. En algunos territorios, en los cuales ha predominado la ausencia de instituciones públicas, ha sido labor de las comunidades el que estos hechos no queden en silencio, y que se cuente con un registro que puede ser de suma importancia para las investigaciones encabezadas por el Estado.
Es importante precisar el lugar que ocupa la memoria en medio de un conflicto aún sin resolverse. Puede decirse que recordar es una manera de resignificar el pasado, puesto que permite traer al presente los hechos vividos, lo que nos identifica y da un sello de exclusividad a pesar de los reveses de la tragedia padecida.
En consonancia con las múltiples valoraciones que se atribuyen a la memoria, los archivos y quienes ejercen su custodia, configuran un aspecto ineludible en la salvaguardia del patrimonio documental, pues en ellos reposa información con valor jurídico, administrativo, histórico y cultural, en la que instituciones y personas, conforman un registro de actividades que se acrece en el transcurso del tiempo y permite ejercer un sinnúmero de trámites para demostrar así su existencia y desempeño.
Bibliografía:
· Centro Nacional de Memoria Histórica. Claves conceptuales. Caja de herramientas para gestores de archivos de Derechos Humanos, DIH y memoria histórica. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá, 2015.
· GONZÁLEZ Quintana, Antonio. Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humano.Consejo Internacional de Archivos. Paris, 2008.
· LOPEZ López, Ética y derechos humanos para bibliotecas y archivos. Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas. España, 2003.
· LÓPEZ López, Pedro. Los archivos: garantes de derechos y de protección de la memoria histórica.Jornadas El papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica. Madrid, 4-5 abril 2014, Escuela Julián Besteiro.
· VV.AA. Testigos del tiempo. Archivos y Derechos Humanos. Guatemala, 2013.
[1] GONZÁLEZ Quintana, Antonio. Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humano. Consejo Internacional de Archivos. Paris, 2008.
[2] Centro Nacional de Memoria Histórica. Claves conceptuales. Caja de herramientas para gestores de archivos de Derechos Humanos, DIH y memoria histórica. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá, 2015.
[3] GONZÁLEZ Quintana, Antonio. Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humano. Consejo Internacional de Archivos. Paris, 2008.
[6] Centro Nacional de Memoria Histórica. Claves conceptuales. Caja de herramientas para gestores de archivos de Derechos Humanos, DIH y memoria histórica. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá, 2015.
[7] LÓPEZ López, Pedro. Los archivos: garantes de derechos y de protección de la memoria histórica.Jornadas El papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica. Madrid, 4-5 abril 2014, Escuela Julián Besteiro.
[8] Ibidem.
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