Waili Tatiana Gamboa Martínez
"Debemos recordar, porque el recuerdo es un
deber moral. Hemos contraído una deuda con las víctimas... Al recordar y contar
evitamos que el olvido mate a las víctimas dos veces" - Paul Ricoeur.
La invitación a pensar sobre las relaciones que
guardan entre sí la historia y la memoria, resulta particularmente sugerente en
una época en la que la memoria como tema ha venido suscitando el interés de los
historiadores. Los asuntos relacionados con la historia cultural, la historia
de la memoria y la experiencia colectiva, hacen necesario poner en claro los
límites entre historia y memoria, y cuál es su relación en nuevos campos de
investigación en los que la historiografía tradicional ha incursionado poco.
Hasta hace algunas décadas, la historiografía había mirado
con desdén las expresiones de la memoria, sin embargo, por la coyuntura por la
que atraviesa Colombia hizo que los académicos historiadores volcaran su mirada
a la memoria para un recurso además de académico, político. La memoria como recurso político ha adquirido una
fuerza determinante en la historia contemporánea.[1]
Carme Molinero explica que esta sobreproducción sobre
temas relacionados con memoria histórica se da por “la pérdida de puntos de referencia que ha contribuido a que los
individuos busquen en el pasado pilares de apoyo para la afirmación de su
identidad” y por otro lado, por las terribles convulsiones sufridas por las
sociedades contemporáneas durante el siglo XX
(guerras, exilios, campos de concentración, bombas atómicas, etc) “…todavía no asimiladas en su totalidad y,
por tanto, generadoras aún de diversas interpretaciones y controvertidos
debates”.
Para Todorov el pasado se convierte en un principio de
acción para el presente y adquiere su papel, la memoria, puede convertirse en
potencialmente liberadora. Dice Todorov: “El
uso ejemplar de la memoria permite utilizar el pasado con vistas al presente, y
aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que
se producen hoy día…”
En el marco del II Congreso Internacional Edificar la
Paz en el Siglo XXI, y para abrir con la presentación de ponencias de expertos,
Francesc Torralba, del eje Memoria Histórica, Reconciliación y Postconflicto,
inició con su ponencia enfocada desde una perspectiva filosófica de cómo la
construcción de memoria y la reconciliación son necesarias para la construcción
de paz.
Torralba, presenta pilares fundamentales que se deben tener en cuenta en la labor del uso
de la memoria para una reparación en un escenario de postconflicto y
construcción de paz: La administración de la memoria debe ser concebida como la
reconstrucción de la historia de manera honesta y sin corrupciones donde se
tienen en cuenta las narraciones de todos los actores involucrados en los
hechos con el fin de narrar la verdad. “Contemplando
las diferentes perspectivas se logra administrar la memoria”.
La memoria histórica o memoria colectiva se usa para
referirse a las actuaciones políticas encaminadas a la recuperación de
acontecimientos del pasado olvidados, o voluntariamente ignorados en
determinados contextos y situaciones históricas.
“La idea de “memoria histórica”, de reciente presencia
en el ámbito social de las naciones, combina conceptos ideológicos con la
historiografía, refiriendo un interés de comunidades y grupos de personas por
enlazar su presente y su futuro con el pasado.” [2]
Los hechos atroces de violencia cometidos por los grupos
armados ilegales y los agentes estatales involucrados en el conflicto armado
interno Colombiano, han atentado contra la vida y la dignidad de miles de personas,
afectando a la sociedad en su conjunto. Por ello la memoria histórica juega un
papel fundamental en los procesos de democratización de sociedades, que como la
nuestra, no han logrado hacer una transición hacia el post-conflicto.[3]
En el momento histórico por el que
atraviesa Colombia, es oportuno volver sobre el significado trascendental de la
memoria histórica para evitar a como de lugar un olvido, pues este puede
incubar el “germen de la repetición”[4].
A través de un proceso de reconstrucción de la memoria
histórica, los hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, deben ser sacados a la luz pública para que se
conozca una versión más compleja y veraz de la historia nacional, que involucre
tanto la responsabilidad de los grupos armados ilegales y la responsabilidad
del Estado por acción u omisión frente a los hechos relacionados con la
violencia sociopolítica, como el rol de la sociedad civil en su calidad de
espectadora pasiva de los mismos.[5]
En contextos de violencia sociopolítica y conflicto
armado, la memoria colectiva se sitúa en un campo conflictual, donde las
diferentes memorias, ancladas en experiencias subjetivas de los diferentes
sectores de víctimas, compiten entre sí. Dicho campo
conflictual está atravesado por relaciones de poder que determinan qué y cómo
se recuerda, y “cuáles son los lugares,
los sujetos y los objetos de la memoria que merecen ser rescatados del olvido
como patrimonio para las generaciones presentes y futuras”[6].
En esta “guerra de memorias”[7],
es frecuente observar que a través de los medios masivos de comunicación se
promueve el consenso social exclusivamente en torno a la condena de los actos
atroces cuando los victimarios pertenecen al sector de los enemigos del Estado.
En un contexto como el Colombiano, es usual notar una
hipocresía por parte de acciones públicas de carácter simbólico y político,
legitimadas por el Estado y las instituciones para visibilizar el repudio a los
victimarios y el apoyo a las víctimas, mientras que, paralelamente, se intenta
ocultar, minimizar o justificar los actos violentos cometidos por agentes
estatales o paramilitares contra personas o grupos estigmatizados por razones
sociales, económicas o políticas.
“En
el escenario del conflicto colombiano las versiones de las víctimas de la
violencia sociopolítica acerca de los acontecimientos históricos que produjeron
dicha afectación, generalmente son negadas o silenciadas por la fuerza, y en el
mejor de los casos, son descontextualizadas y desplazadas al ámbito de la
intimidad, como si se tratase de historias relacionadas exclusivamente con
experiencias privadas. Estas versiones marginadas deben emerger en el espacio
público con una doble intencionalidad: la de dar a conocer otras dimensiones de
la verdad histórica de la violencia a partir de un relato plural que de cuenta
de la complejidad de las causas y costos del conflicto, y la de legitimar el
derecho de todas las víctimas a reclamar verdad, justicia y reparación
integral.”[8]
En contextos atravesados por el conflicto armado, la
puesta en escena de las distintas versiones y relatos de la historia, es un
trabajo necesario que implica una remembranza que incorpore las experiencias
particulares y las diferentes interpretaciones de los hechos violentos, a la
memoria colectiva. Sin embargo, más allá de la reconstrucción testimonial de
acontecimientos históricos relacionados con experiencias traumáticas, la puesta
en escena de la memoria debe ampliar su campo de acción, articulándose con
propuestas políticas, jurídicas, y simbólicas que desemboquen en políticas
públicas. “…entendemos el trabajo de
memoria como mecanismo ético-político para restituir el sentido de dignidad,
contribuyendo a la elaboración colectiva del duelo por los crímenes de lesa
humanidad y las violaciones a los Derechos Humanos”.[9]
Diferentes colectivos y organizaciones han trabajado
la memoria histórica con sus comunidades de base en zonas rurales y urbanas, un
ejemplo de estas estrategias de construcción de memoria colectiva son las
Galerías de la memoria, una puesta en escena de la memoria no oficial, que con
ayuda de fotos y pequeñas descripciones escritas se pretende no olvidar esos
victimizantes e incluso sucesos reivindicativos de las comunidades.
Otro trabajo no oficial de memoria histórica fue el Proyecto
Colombia Nunca Más realizado por el Movimiento Nacional de Victimas de Crimines
de Estado (MOVICE). La documentación
recogida por el Proyecto Colombia Nunca Más se agrupa en archivos donde se
consignan violaciones, crímenes, testimonios y planteamientos de familiares,
organizaciones sociales y de Derechos Humanos. La intención de estos archivos
es dar a conocer quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, quiénes
fueron los beneficiarios y las razones políticas y económicas que los motivaron;
a ello se suma el ánimo de buscar que los responsables sean castigados y las
víctimas reparadas.
Sin embargo, es una manera también de las
organizaciones garantizar una remembranza que debería estar también a cargo de
políticas del Estado.
Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, la
políticas llamadas de Seguridad
Democrática redefinieron la caracterización de la situación de
violencias en Colombia y obligaron a todos los funcionarios a desechar términos
como conflicto armado interno, crisis humanitaria, solución política, diálogo y
negociación, partes o actores del conflicto, combatientes y otros propios del
Derecho Internacional Humanitario para situaciones de conflictos armados de
carácter no internacional.
“En
consistencia, con el cambio de lenguaje se promovió la lectura de décadas de
violencias y enfrentamientos armados en Colombia como una historia de atentados
terroristas o de narcoterroristas en contra de la sociedad y del Estado. Desde
esa perspectiva se definió el deber de memoria del Estado y se le dio estatus
jurídico con la aprobación de la Ley 975 de 2005 que dice en el Artículo 56:
“El Deber de
Memoria: El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y
consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser
mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la
preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado.””[10]
Claramente la memoria histórica va de la mano con
el del derecho a la reparación lo cual implica “una
garantía de los estándares internacionales que incluyen la indemnización, la
atención sicosocial, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y la no
repetición”.[11]
En la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) el
gobierno nacional de Colombia crea la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación (CNRR), la cual incluye dentro del derecho de reparación
la preservación de la memoria histórica, esto además a partir de además una
reparación simbólica:
“Se entiende por reparación
simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad
en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no
repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas” Articulo 8 Ley 975 del 2005
Ese dialogo sobre la memoria en la política pública ha
contado con muchos interlocutores. Durante estos últimos años, se han
multiplicado también las contribuciones realizadas desde la academia, el
periodismo y el arte.[12]
Dentro de estas
reparaciones simbólicas, se podría citar por ejemplo el informe “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad” divulgado
en el 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica. German Uribe dice que
este es uno de los mayores esfuerzos logrados hasta ahora en nuestro país, “si entendemos que sólo expurgando y
conservando en la memoria y en el tiempo la barbarie de nuestras luchas
fratricidas del siglo pasado y lo que va corrido del presente, podremos llegar
a comprender, sin la intromisión de parcialidades ideológicas o partidistas,
cómo y por qué, por ejemplo, entre 1948 y 1953 la violencia dejó regados en el
campo y las ciudades colombianas más de 300 mil muertos.” [13]
A nivel distrital, se rescata la
construcción de Centro de Memoria Histórica, paz y reconciliación, que tiene
como objetivo, según Clara Lopéz, secretaria de gobierno en el momento en el
que se pensó ese proyecto: “Tenemos como
objetivo juntar allí todos esos elementos para que contribuyan a decir que no
vamos a olvidar, que no vamos a repetir lo sucedido y para sentar unas raíces,
desde la capital de nuestro país, que sirvan de base para el proceso de
reconciliación que necesita nuestra sociedad”[14]
Proyectos como estos en Bogotá son claves, pues por
ser la capital no ha estado ausente de los problemas de violencia y de los
conflictos armados más recientes; en ocasiones como protagonista, en ocasiones
como ciudad receptora de personas desplazadas o reinsertadas.
La Ley 1448/2011 conocida como Ley de Víctimas, en
esta ley el deber de Memoria se circunscribe a ofrecer reconocimiento y
garantías y se descarta cualquier intento de someter los ejercicios de memoria
desde la sociedad civil o las víctimas a una verdad oficial.
“El deber de
Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones
necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales
como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones
de víctimas y de derechos
humanos, así
como los organismos del Estado que cuenten con competencia,
autonomía y
recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción
de memoria
como aporte a la realización del derecho a la
verdad del que
son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.
Parágrafo: En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar
o promover
ejercicios orientados a la construcción de una historia
o verdad
oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios
constitucionales
de pluralidad, participación y solidaridad, y los derechos
de libertad de
expresión y pensamiento. Se respetará también la
prohibición de censura consagrada en la Carta Política”. Artículo 143.[15]
La memoria histórica nos llevará a
recordar para intentar perdonar y no repetir, es una eficaz herramienta para
aliviar el presente y diseñar un futuro mejor sobreponiéndonos a los
estremecimientos y vicisitudes en que vivimos sumidos los colombianos.
La responsabilidad de la memoria nos
concierne a todos y a todas, no solo al gobierno con leyes y políticas
públicas, no solo a organizaciones y colectivos de víctimas o defensoras de
derechos humanos, sino a cada Colombiano y Colombiana que debe recordar y tener
conciencia para garantizar que nuestro país nunca más atraviese por situaciones
tan atroces. Recordar no es fácil, más cuando no hablamos de un triunfo de la
selección Colombia, recordar puede ser doloroso, pero es necesario.
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[5] GIRÓN, Claudia. Pedagogía social de la memoria histórica en
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[6] GIRÓN, Claudia. Pedagogía social de
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[7] GIRÓN, Claudia. Pedagogía social de
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[8] GIRÓN, Claudia. Pedagogía social de
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[9] GIRÓN, Claudia. Pedagogía social de
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[10] VV.AA. Debates de la memoria. Aportes de las organizaciones de
víctimas a una política pública de memoria.
[11]
Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad. La memoria, centro de la Paz. Reflexiones sobre verdad, justicia,
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[12] VV.AA. Debates de la memoria. Aportes de las organizaciones de
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[13]
URIBE, Germán. El poder de la memoria histórica. Semana.com. 27 Febrero 2015. http://www.semana.com/opinion/articulo/el-poder-de-la-memoria-historica-opinion-german-uribe/419252-3.
Tomado el: 1 Marzo 2015
[14] López
Obregon, Clara y VV.AA. Debates de
la memoria. Aportes de las organizaciones de víctimas a una política pública de
memoria.
[15] VV.AA. Debates de la memoria. Aportes de las organizaciones de
víctimas a una política pública de memoria
Hola, me interesa el tema de memoria histórica, soy historiador también: Juan Felipe Rueda, veo que te interesó un artículo que escribí. ¿Cuándo podemos hablar?
ResponderEliminar¡Sí! tu artículo fue de ayuda para este trabajo. Cuando quieras hablamos, siempre disponible para lxs colagas.
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